Guillermo Holzmann, analista político chileno y académico de la Universidad de Valparaíso explicó a qué se deben las protestas que suceden en Chile:“Hay indignación social, frustración y expectativas no cumplidas de hace años”.
“Hay una hastió porque el mercado abusa de los ciudadanos, el Estado no lo protege, tiene corrupción y no es eficiente. El alza del ticket del metro, en cinco centavos de dólar, fue la gota que rebalsó el vaso”, añadió el analista.
La masiva protesta tomó por sorpresa al gobierno de Piñeira, que sólo días antes había afirmado que Chile era una especie de «oasis» en la región, por su estabilidad política y económica.
En un sentido tiene razón ya que el ingreso per cápita es el más alto de América Latina -más de 20.000 dólares-, el crecimiento económico estimado para este año es de 2,5% del PBI (por encima del promedio regional) y la inflación bajo el rango meta (2%).
El malestar en la sociedad chilena, especialmente de los sectores de bajos ingresos, tiene origen en las sucesivas alzas en los costos de la salud y la electricidad, las bajas jubilaciones y una crónica y altísima desigualdad social.
En este escenario, el aumento en el valor del pasaje de subte en horario pico encendió la llama en una sociedad. Está encabezada por los estudiantes secundarios y universitarios, que históricamente se manifiestan en contra de los gobiernos de centroderecha, como el de Piñera.
El Poder Ejecutivo chileno invocó ley de seguridad del Estado, una legislación que regula los delitos contra la seguridad interior del país y que endurece las penas para aquellos que resulten culpables de los desórdenes y disturbios.
El recrudecimiento de los disturbios determinó que el presidente de país, Sebastián Piñera, decretase el estado de emergencia para gran parte de Santiago de Chile, lo que supone confiar a un mando militar la seguridad de la zona e implica una restricción la libertad de locomoción y reunión por un plazo 15 días.
La situación ha encontrado su reflejo también en el debate político. Desde la oposición, el Frente Amplio criticó que las autoridades no vean que el problema de fondo no es el precio del metro, sino la inequidad del país y una sociedad injusta, por lo que defendió el derecho de protesta de las personas y exigió al Gobierno «detener la represión».
Desde el Gobierno se criticó esta actitud de «irresponsable». Las autoridades quieren evitar posibles altercados de grandes dimensiones y tratar de reducir en lo posible un potencial nuevo colapso de la ciudad por falta de locomoción.
Conflictos geopolíticos en el mundo. 