El martes se cumplen diez meses desde el día en que Juan Guaidó, se proclamar como presidente interino de Venezuela durante una multitudinaria movilización. Desde entonces, el jefe del Legislativo ha tratado de mantener el pulso con Nicolás Maduro para lograr su renuncia. Lo hizo en la calle y buscando una ruptura del estamento militar. A pesar de miles de deserciones y el apoyo de más de 50 países, encabezados por Estados Unidos, el mandatario chavista se mantiene en el poder.
Es un acto sorprendente, pero extremamente peligroso, dada las consecuencias políticas que ha suscitado tal proclamación a nivel nacional e internacional.
Las consecuencias han sido inmediatas. En el país se ha reavivado la fractura social e ideológica que polariza al país desde hace veinte años, rememorando a la ola de manifestaciones que tuvo lugar entre abril y julio de 2017, la cual dejó como saldo más de cien fallecidos, además de numerosos heridos, presos políticos e invalorables pérdidas materiales que repercutieron gravemente en la ya deprimida economía nacional.
La opinión de aquellos del lado opositor piensan que una intervención militar en Venezuela sería “rápida” y con un “mínimo” de daños colaterales, pero se olvidan que traería: genocidio, violencia, desplazados de guerra y caos generalizado.
De existir una solución a la larga crisis venezolana, esta debe ser política.
Si tarde o temprano se impone la racionalidad y el deseo de una solución pacifica y negociada al conflicto, esta debería contar con el concurso de todos los interesados. Así no sería imposible que el Grupo de Contacto Internacional en su oficio de verdadero mediador, incluya en la mesa de negociación a Estados Unidos, Rusia y China como miembros negociadores. Esto nos llevaría, a una negociación mucho más complicada y de largo aliento. Pero tal vez sería la única vía que podría ahorrarnos la indeseable opción de un conflicto armado.
Conflictos geopolíticos en el mundo. 